La evaluación de las sospechas de abuso sexual plantea a los profesionales cuestiones complejas que requieren de una formación específica y actualización continua para responder de forma adecuada a estos desafíos. Así como es importante que cualquier persona en contacto o que trabaje con niños y adolescentes tenga información y elementos como para poder detectar y notificar las sospechas de abusos sexuales, los profesionales que se ocupan de la evaluación deben tener la capacitación apropiada para recoger información de manera objetiva con el fin de brindar protección y evitar revictimizaciones. La complejidad del problema, los diversos componentes de la evaluación (psicológico, médico, social y jurídico) y la necesidad de una adecuada capacitación no son excusas para escudar y eximir de responsabilidad a aquellos que deben intervenir. Lamentablemente resulta una situación habitual que familiares de niños víctimas de abusos sexuales pasen meses deambulando por diferentes instituciones sin conseguir que se realice la evaluación porque "no hay cámara Gesell", porque "no hay pruebas" o porque "lo tiene que evaluar el forense". Aunque menos frecuente pero con similares efectos, en lo que hace a la protección de las víctimas, es la falta de intervención de algunos profesionales que trabajan con niños. A pesar de que, por su competencia, deberían realizar las evaluaciones de las sospechas, no se hacen bajo el pretexto (y la creencia) de que "su función no es 'interrogar' niños". No es cuestión de negar que se trata de un problema complejo, que exige estudio, "artesanía" y talento, ingredientes no demasiado diferentes de los que requieren otras situaciones difíciles que atraviesan los niños y las familias. Tampoco se debe creer que se trata de una tarea que solo puedan llevar a cabo profesionales "iluminados" o "eminentes" en su especialidad. Por el contrario, lo deseable sería que todos aquellos que se desempeñan en el ámbito de la protección a la infancia -más aun si ést